La Justicia de los tribunales federales de Comodoro Py se encuentra ultimando las pericias y los informes técnicos necesarios para requerir una justificación de bienes al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. El funcionario público se enfrenta a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, así como a un expediente conexo que analiza la supuesta comisión de los delitos de dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. Las medidas actuales se concentran en el procesamiento de datos económicos bajo la supervisión del juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita, previéndose las primeras notificaciones formales hacia fines de junio o las primeras semanas de julio.
El requerimiento de justificación patrimonial se encuentra supeditado a la entrega de un informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones. Este cuerpo técnico especializado trabaja activamente en el entrecruzamiento de los ingresos registrados, las deudas vigentes, los consumos de carácter diario y las erogaciones de mayor volumen de Adorni. Los investigadores judiciales señalaron que el análisis preliminar de las cuentas del ministro coordinador evidencia inconsistencias marcadas en determinados períodos, las cuales no se subsanarían de manera preliminar con la presentación de su declaración jurada correspondiente al ciclo fiscal del año anterior.
La mira del Ministerio Público Fiscal se enfoca con especial atención en las transacciones que permitieron la adquisición y posterior remodelación de dos bienes inmuebles específicos: un semipiso situado en el barrio porteño de Caballito y una propiedad de descanso en un barrio privado de la localidad de Exaltación de la Cruz. La hipótesis delictiva señala que el imputado habría concretado dichas operaciones comerciales sin haber enajenado los activos o bienes que formaban parte de su declaración patrimonial preexistente al ingreso a la función pública. Adicionalmente, el examen fiscal incorpora la compra de una camioneta de reciente modelo, una serie de viajes al exterior y el origen de los fondos para cancelar deudas documentadas por un monto cercano a los 335.000 dólares.
De manera paralela a la inspección de la contabilidad tradicional, los peritos judiciales extendieron las averiguaciones hacia el ecosistema financiero digital, logrando acreditar la existencia de billeteras virtuales y tenencia de criptomonedas vinculadas al titular de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, las agencias de investigación sospechan de una red más amplia de activos digitales, por lo que rastrean fondos adicionales que podrían estar resguardados bajo la titularidad de terceras personas ajenas a la administración. En caso de que el descargo por escrito que presente el funcionario no logre clarificar el origen de la totalidad de estas transacciones financieras y tenencias, el juzgado interviniente procederá a formalizar la citación a declaración indagatoria.
Por fuera del eje del enriquecimiento ilícito, el tribunal aguarda los resultados de un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado respecto al presunto beneficio irregular de contratos estatales. Dicha derivación penal analiza los vínculos comerciales entre dependencias públicas como la TV Pública y Radio Nacional con una productora privada que obtuvo seis contratos de gestión, cuyo presidente es cercano a Adorni. La lupa judicial se posó sobre el financiamiento de un traslado aéreo privado hacia Punta del Este durante el período de Carnaval de 2026, cuyos pasajes familiares ascendieron a 7.830 dólares, un gasto del que el jefe de Gabinete aseguró haber abonado su parte correspondiente, aunque hasta la fecha no se han aportado los comprobantes de pago a la causa.