Una violenta jornada se vivió en el departamento de Santa Cruz luego de que un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad intentara desbloquear la carretera de San Julián, una ruta estratégica que conecta dicha región con Beni. La intervención derivó en severos disturbios entre los uniformados y los manifestantes civiles, quienes resistieron el desalojo con armas de fuego, piedras y palos. Como resultado directo de los enfrentamientos, dos efectivos policiales sufrieron heridas de bala y debieron ser hospitalizados de urgencia, lo que obligó a la retirada táctica de las fuerzas del orden y la posterior reinstalación del corte de vía.
El despliegue antidisturbios, que contó con el apoyo de vehículos militares, comenzó durante la madrugada tras cumplirse veinticuatro días consecutivos de interrupción del tránsito por parte de sindicatos y organizaciones civiles locales. Los agentes intentaron dispersar la protesta mediante el uso de gases lacrimógenos, pero la respuesta de los huelguistas fue inmediata y sumamente hostil. En el transcurso de las cuatro horas que duró el combate en la zona, un proyectil impactó en la pierna de uno de los policías, mientras que otro efectivo recibió un disparo en la cabeza, siendo derivado de inmediato al Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud.
La fallida acción oficial estuvo coordinada desde el terreno por el comandante de la institución policial, David Gómez, en compañía del ministro de Desarrollo Productivo Rural y Aguas, Oscar Mario Justiniano, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. Las autoridades ministeriales enfatizaron ante la prensa que se acudió a la fuerza pública únicamente tras haber agotado los canales formales de diálogo y frente al creciente perjuicio social. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que el libre tránsito por San Julián resulta indispensable para asegurar el suministro de alimentos y carburantes hacia los centros urbanos más poblados, los cuales ya evidencian síntomas graves de desabastecimiento.
Este estallido de violencia se enmarca en una profunda crisis social y política que arrastra cinco semanas de huelgas ininterrumpidas, cuyo reclamo principal es la inmediata renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz. Los reportes actualizados de la Defensoría del Pueblo revelan un saldo trágico que ya asciende a diez víctimas fatales, treinta y siete heridos y un centenar de ciudadanos procesados por la justicia. El organismo humanitario aclaró que la mayoría de los fallecimientos corresponden a personas en estado delicado de salud que no pudieron recibir la asistencia médica pertinente debido a las barricadas.
Mientras la conflictividad se extiende con casi un centenar de rutas bloqueadas a nivel nacional, la administración central responsabiliza al expresidente Evo Morales de promover los disturbios desde su refugio en la región del Chapare. Por su parte, el exmandatario catalogó las movilizaciones como una rebelión legítima contra la influencia de intereses extranjeros y advirtió sobre el peligro de un escenario de guerra civil. Ante este complejo panorama, el gobierno de Rodrigo Paz se encuentra gestionando el aval del Parlamento para decretar el estado de excepción, una medida que ampliaría legalmente la intervención de las Fuerzas Armadas en los puntos de conflicto.