El Palacio de Hacienda y la Secretaría de Energía de la Nación analizan una posible reducción en el precio de los combustibles líquidos para el próximo mes, una medida que genera fuertes debates internos en el equipo económico. El ministro de Economía busca utilizar esta rebaja en los surtidores como un ancla clave para profundizar la tendencia a la baja de los índices de precios al consumidor, consolidando el proceso de desinflación que el Ejecutivo nacional plantea como prioridad absoluta de la gestión macroeconómica.
Sin embargo, la decisión técnica plantea un complejo dilema para las autoridades, ya que debe equilibrarse con la necesidad de mantener la recaudación fiscal a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). El director del área de política energética y los principales directivos de la petrolera estatal YPF advirtieron que una baja pronunciada en las tarifas podría afectar los márgenes de inversión en infraestructura de producción y refinamiento, además de ir en contra de la paridad de precios internacionales que el mercado energético local viene persiguiendo.
Del análisis técnico y de las mesas de negociación también participan los representantes de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA), quienes expresaron su preocupación por el impacto de la medida en la rentabilidad de las estaciones de servicio independientes. Las autoridades del área económica prevén definir el esquema definitivo en las próximas horas, evaluando si postergan la actualización impositiva para permitir un alivio en el bolsillo de los consumidores sin desfinanciar las arcas públicas.