El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), bajo la presidencia de la vicerrectora subrogante Cristina Grunauer, resolvió modificar la tercera etapa del cronograma electoral y dejó sin efecto la Asamblea Universitaria prevista para este miércoles. Esta medida representa una maniobra estratégica del oficialismo universitario, nucleado en torno al secretario general José Hugo Saab, tras el revés judicial que inhabilitó definitivamente la postulación del actual rector, Sergio Pagani, para un nuevo mandato consecutivo. Con esta readecuación, el sector conocido como “saabismo” logra ganar el tiempo necesario para reconfigurar sus alianzas y ungir a un nuevo candidato que intente retener el control de la casa de altos estudios.
La resolución del cuerpo deliberativo se fundamenta en los recientes fallos de la Cámara Federal de Apelaciones, los cuales, si bien ratificaron que la postulación de Pagani violaba el estatuto de la UNT, también rechazaron el planteo de la oposición encabezada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, quienes pretendían cerrar los plazos y ser proclamados como única fórmula a derecho. Este veredicto del tribunal de alzada le otorgó un “guiño” legal al oficialismo al determinar que la orden judicial no implicaba una paralización integral ni una exclusión generalizada de otros participantes. Con ese aval, el Consejo Superior obtuvo el marco normativo para resetear la Etapa III del proceso eleccionario.
La reapertura del cronograma institucional contempla no solo la fijación de una nueva fecha para la Honorable Asamblea Universitaria, sino también un nuevo período para la recepción de fórmulas, impugnaciones y la posterior oficialización de candidatos por parte de la Junta Electoral que preside Fernando Valdez. La votación de esta reforma contó con un amplio respaldo de la mayoría oficialista, demostrando la vigencia del aparato político que conduce la estructura universitaria desde hace décadas. La decisión busca garantizar que el oficialismo pueda presentar una alternativa competitiva frente a los sectores opositores en las próximas semanas.
A pesar del contundente resultado en la votación, la sesión no estuvo exenta de tensiones y debates internos sobre el impacto institucional de la medida. Los decanos Sergio Robin, de Filosofía y Letras, y Roberto Gómez López, de Arquitectura, optaron por abstenerse y manifestaron su profunda preocupación por las consecuencias jurídicas de la resolución. Robin advirtió formalmente ante el cuerpo que la reapertura de plazos y de instancias que ya se consideraban precluidas podría vulnerar los derechos de los candidatos ya oficializados, abriendo la puerta a una profundización de la judicialización que extienda el actual período de indefinición de la UNT.
Finalmente, el proyecto aprobado establece que el nuevo calendario diseñado por la Junta Electoral deberá regresar al Consejo Superior para su análisis técnico y ratificación definitiva antes de que se convoque formalmente a los asambleístas. Las autoridades universitarias defendieron la legalidad del dictamen bajo el argumento de que es imperioso resguardar la legitimidad democrática de las futuras autoridades de los claustros para el período 2026-2030. De este modo, la disputa por el rectorado de la UNT ingresa en una fase de intensas negociaciones políticas a contrarreloj en los pasillos del Rectorado.