El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha una nueva etapa de su política comercial al aplicar gravámenes a las importaciones provenientes de 60 países. La medida fija tarifas de entre el 10% y el 12,5% tras el vencimiento del arancel global transitorio que regía previamente. En este nuevo esquema, la Argentina quedó ubicada dentro del grupo de naciones alcanzadas por una alícuota del 10%, compartiendo la categoría con socios comerciales como el Reino Unido, Canadá, México, India y Ecuador, mientras que economías como China, Japón y Corea del Sur enfrentan un recargo del 12,5%.
Desde la administración republicana justificaron la decisión bajo el argumento de reforzar los controles sobre cadenas de suministro globales y combatir el comercio de bienes elaborados mediante trabajo forzoso. La Casa Blanca señaló que, si bien la Argentina y otros países firmantes cuentan con normas o compromisos vigentes en la materia, la aplicación de esos mecanismos de fiscalización aún no resulta suficientemente estricta según las pautas fijadas por Washington.
Para el sector exportador argentino, la normativa implica que los despachos hacia el mercado estadounidense deberán afrontar este sobrecosto, el cual podrá ser absorbido por los importadores, trasladado a los precios finales o descontado de la rentabilidad del productor local. El impacto final variará según la dinámica de cada industria: en los rubros donde Argentina compite con países con igual tratamiento del 10% el efecto será acotado, pero generará desventajas en los sectores que compitan contra bienes que mantengan exenciones especiales.
Pese al nuevo escenario impositivo, las autoridades nacionales y los analistas del sector exterior destacaron que algunos productos estratégicos de la oferta exportable argentina conservarán excepciones. De esta manera, el sector privado local monitorea de cerca la implementación de las medidas para evaluar el margen de maniobra de las empresas y mitigar posibles pérdidas de competitividad en el mercado norteamericano.