Cuba anunció un giro económico sin precedentes en medio de una profunda crisis

El gobierno de Cuba, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, anunció un conjunto de reformas económicas de gran alcance que buscan modificar el funcionamiento del modelo estatal y dar respuesta a la grave crisis que atraviesa el país. Las medidas fueron presentadas como parte del denominado Programa Económico y Social para 2026, en un contexto de fuerte presión externa y deterioro interno de la economía.

El paquete incluye una mayor descentralización del aparato estatal, la flexibilización de la gestión de las empresas públicas y la apertura a nuevas formas de inversión, incluyendo la participación de cubanos en el exterior. También contempla la eliminación progresiva de subsidios generalizados y una reducción del aparato burocrático, con el objetivo de hacer más eficiente la administración económica.

Las autoridades justificaron el giro como una respuesta a la combinación de factores internos y externos que afectan a la isla, entre ellos la crisis energética, la caída de la producción, el impacto del turismo y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. En ese marco, el Gobierno sostiene que se busca “propiciar un entorno macroeconómico” que permita recuperar la actividad productiva y diversificar los ingresos del país.

Según lo expuesto por el Ejecutivo cubano, las reformas también apuntan a otorgar mayores facultades a los gobiernos locales, con el fin de que puedan gestionar de manera más autónoma sus recursos y decisiones económicas. A su vez, se plantea una reorganización del sistema empresarial estatal para mejorar su competitividad frente al sector no estatal, que en los últimos años ha ganado mayor relevancia dentro de la economía cubana.

El anuncio se da en un escenario de crisis prolongada, caracterizado por contracción económica, escasez de bienes básicos, apagones y dificultades energéticas, lo que ha intensificado el malestar social. En ese contexto, el Gobierno cubano asegura que las reformas buscan sostener el funcionamiento del país y evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida de la población.