El Ministerio Público Fiscal de la provincia presentó un recurso de impugnación formal ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para revertir la absolución de César Soto, dictada semanas atrás por el tribunal de alzada en el marco del histórico proceso que investiga el crimen de Paulina Lebbos. La medida del fiscal Carlos Sale busca que el máximo tribunal local revise el fallo de los magistrados inferiores y evalúe de manera integral los elementos probatorios que vinculan a la expareja de la víctima con las líneas de investigación remanentes.
El planteo acusatorio se fundamenta en supuestas contradicciones técnicas y valoraciones arbitrarias de la prueba testimonial por parte de los jueces de primera instancia durante el debate oral. Para el fiscal del caso, la resolución que liberó de culpa y cargo a Soto omitió considerar de forma consecutiva una serie de indicios de proximidad y registros de comunicaciones que resultan claves para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en 2006, por lo que solicita una revisión exhaustiva bajo los lineamientos del código procesal vigente.
Las planillas y actas presentadas ante la secretaría de la Corte provincial exigen que se anule el veredicto de absolución y se dicte un nuevo pronunciamiento fundado, argumentando que el fallo recurrido genera un escenario de desprotección institucional y dilación en el derecho a la verdad que asiste a la familia de la joven estudiante universitaria. Las autoridades judiciales perimetraron la recepción del expediente y notificaron a las partes para que las defensas técnicas presenten sus respectivos descargos en los plazos fijados por la ley de procedimientos.
Por su parte, los representantes legales de la familia Lebbos manifestaron su absoluto respaldo a la presentación realizada por la fiscalía de instrucción, manteniendo sus exigencias de justicia y condena para todos aquellos que participaron de manera directa en el hecho o en las posteriores maniobras de encubrimiento que obstaculizaron el accionar judicial durante dos décadas. La comunidad judicial tucumana sigue con máxima expectativa las resoluciones que adopte la Corte Suprema, entendiendo que sus definiciones marcarán un hito decisivo en el tramo final de uno de los casos más complejos de la historia policial de la provincia.