La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 1 del Centro Judicial Capital, bajo la dirección del fiscal Diego López Ávila, abrió una causa penal contra el empleado de una empresa de servicios fúnebres. Se lo acusa de haber falsificado o adulterado una autorización con firma apócrifa para tramitar la inscripción del fallecimiento de un hombre ante el Registro Civil de Tafí Viejo, provocando graves perjuicios legales y económicos a la familia del difunto.
La investigación judicial se inició tras la denuncia presentada por la hija del fallecido. Según su testimonio, tras el deceso de su padre en un sanatorio privado, el representante de la cochería retiró el Documento Nacional de Identidad de la víctima bajo la promesa de gestionar los trámites de rigor; sin embargo, en ningún momento le presentó formulario o instrumento alguno para su revisión ni firma. Pese a ello, ante el organismo público se ingresó una declaración jurada privada presuntamente apócrifa en la que figuraba su firma adulterada.
La maniobra irregular provocó que el acta de defunción quedara confeccionada con omisiones severas de datos filiatorios —como el estado civil del fallecido y la identidad de sus padres— e incluso con errores graves en el año de asentamiento. Como consecuencia directa de este documento con inconsistencias legales, la viuda del fallecido se vio imposibilitada de gestionar de forma oportuna el beneficio de su pensión, quedando privada de ingresos durante meses y sufriendo un fuerte impacto en su salud.
Ante los elementos recabados por la Fiscalía, la Justicia notificó formalmente al empleado implicado sobre la imputación en su contra por la confección de un documento privado falso. Asimismo, conforme a las normativas vigentes del código procesal, se le otorgó un plazo de cinco días para que proponga, si lo considera conveniente, una salida alternativa al proceso penal mientras continúan las actuaciones judiciales.