La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley clave para la reestructuración de la Justicia Federal en el norte del país. La iniciativa legislativa contempla la división de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas especializadas y determina la incorporación de un nuevo magistrado a su composición. Se trata de una modificación de enorme trascendencia institucional, considerando que la estructura original de este tribunal regional se había mantenido completamente inalterable durante los últimos 36 años.
La Cámara Federal de Tucumán posee una competencia territorial sumamente amplia y compleja, ya que entiende en las causas de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Con la reforma propuesta, el tribunal que actualmente funciona de forma unificada se fragmentará en la Sala I, destinada a los asuntos penales, y la Sala II, que absorberá las causas de índole civil, comercial, laboral y contencioso-administrativo. Esta segmentación por materias busca optimizar los tiempos de resolución y dotar de mayor especificidad técnica a los fallos emitidos por el organismo.
Para poder instrumentar operativamente esta división y conformar adecuadamente ambas salas con tres integrantes cada una, el proyecto estipula la creación de un nuevo cargo de juez de cámara. De este modo, el número total de magistrados del tribunal se elevará de cinco a seis miembros, saldando una demanda histórica de actualización presupuestaria y de recursos humanos. La aprobación en la Cámara Baja se logró con un amplio respaldo político, registrando un total de 142 votos afirmativos frente a solo 12 abstenciones dentro del recinto.
Durante el debate legislativo se remarcó el severo diagnóstico sobre el estado de situación de la jurisdicción, caracterizada por un colapso administrativo crónico debido al volumen de expedientes. Los diputados informantes destacaron que la estructura vigente resultaba a todas luces obsoleta para dar una respuesta ágil a las necesidades de las tres provincias bajo su órbita. Los impulsores de la norma argumentaron que esta ampliación presupuestaria y organizativa es indispensable para combatir eficazmente delitos complejos de competencia federal, tales como el narcotráfico y la trata de personas.
Tras recibir el visto bueno en la Cámara de Diputados, el texto del proyecto de ley fue girado de inmediato a la Cámara de Senadores de la Nación para su correspondiente tratamiento y sanción definitiva. El panorama para su debate en la Cámara Alta se perfila sumamente favorable, dado el fuerte consenso multipartidario que cosechó la iniciativa entre los representantes de las provincias norteñas. De aprobarse en el Senado, la Justicia Federal de la región iniciará un proceso de transformación estructural que pondrá fin a casi cuatro décadas de estancamiento organizativo.